Este viernes 22 de febrero se cumple el primer
aniversario de una de las peores catástrofes ferroviarias de nuestra historia:
La Masacre de Once, caratulada desde los medios del poder con el eufemismo de
“Tragedia”.
La magnitud
del hecho (51 víctimas fatales y más de 700 heridos/as) obliga a definirlo como
un crimen contra los millones de hombres y mujeres que usamos diariamente el
transporte público. La misma magnitud de lo ocurrido puso al descubierto la
decadencia del modelo de transporte en general: la pésima gestión del Estado,
el incumplimiento de las empresas, la corrupción y los negociados.
La Masacre
de Once constituye el síntoma brutal de un largo período de vaciamiento y
destrucción del transporte público iniciado durante el menemismo. El proceso de
privatizaciones que avanzó sobre los servicios públicos y los principales
resortes económicos, fue una avalancha que llevó al sistema ferroviario a una
profunda crisis. En más de diez años de gobierno, el kirchnerismo nunca rompió
con esta lógica que había transformado el derecho al transporte en un negocio.
Más aún,
terminó de reforzarla con una política de subsidios que, si bien en algún
momento garantizó “planchar” las tarifas, también engordó a los grupos
económicos concesionarios, como los tristemente celebres grupos Roggio y
Cirigliano. Estas grandes empresas, lejos de cumplir los acuerdos de
mantenimiento de las formaciones y las estructuras, usaron el dinero de los
subsidios para ampliar sus negocios personales; todo esto a la vista de un Estado
que funciono mas como “socio” que como “contralor” de los contratos. Es
paradigmático en este sentido el papel de Ricardo Jaime, ex Secretario de
transporte del kirchnerismo, quien cuenta hoy con una lista de treinta
denuncias y veinte procesos judiciales por corrupción e incumplimiento de su
cargo público.
En este
proceso de destrucción planificada del sistema ferroviario hay que mencionar
otro actor de peso: la burocracia sindical, que al mismo tiempo que buscó
acallar las voces de los/as laburantes que denunciaban la situación de quiebra
de los ferrocarriles, fue y es socio vital de los negocios que hoy llevan a los
trenes a un estado crítico. El asesinato de Mariano Ferreyra y el juicio
que está llegando a su fin pusieron al desnudo para amplias capas de la
población una situación que las organizaciones veníamos denunciando todo este
tiempo: la precarización laboral, el sindicalismo empresario, dueño de las
cooperativas explotadoras, así como la vinculación de estos con altos
funcionarios públicos. Como ejemplo, sólo basta mencionar las amistosas charlas
que sostenían el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y uno de los principales
implicados en el asesinato de Mariano, José Pedraza.
Hace dos
semanas, el asesinato del trabajador Leonardo Andrada, testigo fundamental del
mal estado de la formación que se estrelló en Once, reafirma la sensación de
impunidad y pone de manifiesto los poderosos intereses sindicales, políticos y
empresariales que están detrás del negocio de los ferrocarriles.
A pesar de
los terribles hechos mencionados que abrieron el debate social, la situación
del transporte público no ha cambiado estructuralmente. Las políticas
ferroviarias del kirchnerismo, a un año de la Masacre de Once, son limitadas y
parciales. Esta situación refleja un gran desprecio hacia el pueblo trabajador,
que es quien utiliza este transporte, viajando en pésimas condiciones, siempre
al borde de un nuevo hecho que pueda provocar más víctimas.
Esto no se
modifica con algunas inversiones en la Línea Sarmiento, es necesario avanzar
hacia una re estatización del sistema ferroviario (tanto transporte de
pasajeros como de carga) que garantice inversiones y puestos de trabajo. Esta
gestión debe tener perspectiva nacional y federal, reactivando los ramales
paralizados, mejorando frecuencias y precios, y debe efectuarse bajo el control
de los/as trabajadores/as y usuarios/as.
Desde la
COMPA, lejos de resignarnos a que los mismos de siempre se llenen los bolsillos
a costa de nuestros padeceres cotidianos, consideramos que el transporte
público debe ser considerado una condición necesaria para la construcción de un
país soberano.Por eso exigimos y luchamos por un sistema de transporte estatal
más seguro, eficiente y ecológico que comunique federalmente al país, y que
garantice movilidad a bajo costo para el conjunto del pueblo.
Por todo eso, a un año de la Masacre de Once, decimos:
Justicia para las víctimas de la Masacre de Once // Esclarecimiento del asesinato de Leonardo Andrada // Cárcel efectiva para los responsables políticos, sindicales y empresariales // Investigación del destino de los subsidios entregados por el Estado a las concesionarias // Estatización del sistema ferroviario bajo control de sus trabajadores/as y usuarios/as // Organización del transporte para un garantizar un alcance federal y un servicio económico, ecológico y de calidad // Basta de Precarización Laboral y empresas tercerizadas // Basta de burocracia sindical // Justicia para Mariano Ferreyra y todas las víctimas de las patotas //
